Leo Zuckerman en Juegos de Poder

Excélsior En 2001, en el poblado de San Nicolás, Hidalgo, la mayoría de religión católica le exigió a toda la población que pagaran las cuotas o realizaran los trabajos comunitarios para las fiestas religiosas. La minoría de religión evangelista, que no cree en este tipo de festividades, se negó a hacerlo. Ante esta negativa, y bajo el argumento de que todos deben obedecer los usos y costumbres de la comunidad, los católicos le cortaron el servicio de agua potable a los evangelistas. También amenazaron con expulsarlos del pueblo. Al final, las autoridades gubernamentales tuvieron que intervenir para calmar los ánimos y evitar un enfrentamiento mayor entre los dos grupos. Se negoció un acuerdo donde los evangélicos colaborarían “en las labores comunitarias, a fin de garantizar la paz en el pueblo”.Siete años después, otra vez en San Nicolás, una asamblea de católicos ha prohibido la sepultura de evangélicos en el panteón del pueblo. De acuerdo con Noé Gerardo Nicolás Guerrero, uno de los líderes católicos, los evangélicos presuntamente violaron el acuerdo que habían establecido con la comunidad: son un “ejemplo negativo en la localidad, pues refugiándose en sus creencias se niegan a colaborar en las tareas comunitarias como la organización de la fiesta patronal”. Además, el líder informó que la construcción de un templo evangélico está condicionada a la aprobación de la asamblea comunal dominada por los católicos. La obra, mientras tanto, está detenida.Los católicos impedirán las inhumaciones de los evangélicos en la medida en que éstos no cooperen para las fiestas. Aunque no deberían estar obligados a cooperar con una festividad en la que no creen, Roberto Barquera Joaquín, dirigente evangélico en la zona, rechaza “que su grupo religioso se niegue a colaborar en los trabajos de la comunidad”. El líder dice que existe una persecución en contra de la minoría que sólo quiere hacer valer “lo que por Constitución tenemos derecho, a profesar la religión que queramos”.Tienen razón los evangélicos. Para empezar ellos no tendrían por qué colaborar en fiestas de santos en los que no creen. Ni con trabajos físicos ni con pagos en efectivo. Además, los católicos tienen la obligación de respetar sus creencias y la libertad de religión consagrada en la Constitución. De ninguna forma puede justificarse que un mexicano que profesa una religión minoritaria no pueda ser enterrado en un panteón que, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, está a cargo de autoridades civiles municipales.En San Nicolás, Hidalgo, geográficamente muy cerca de la Ciudad de México, capital de la República, hay un vergonzoso caso de intolerancia religiosa propia de la Edad Media no del siglo XXI. Desde hace ya mucho tiempo, una mayoría tiránica no respeta los derechos de la minoría bajo un argumento absurdo de usos y costumbres.El asunto merece una condena de todos aquellos que creen en la libertad religiosa y en los valores del pluralismo y la tolerancia. Y más allá de la condena, exige acciones concretas, contundentes y sin ambigüedades. Los gobiernos estatal y federal deben intervenir para hacer cumplir los derechos de las minorías consagrados en la Constitución y así evitar su discriminación. Los partidos deben destituir a todos aquellos líderes que estén involucrados en estas actitudes de intolerancia. La Iglesia católica debe intervenir para atemperar los ánimos de sus feligreses y hacer realidad los mensajes de conciliación y tolerancia de Juan Pablo II. Como dijo este Papa tan querido en México: “Sólo en la mutua aceptación del otro, en el consiguiente respeto mutuo, hecho más profundo por el amor, reside el secreto de una humanidad finalmente reconciliada”. Ojalá los católicos de San Nicolás así lo entiendan y finalmente se reconcilien con sus vecinos evangelistas.